Por HORUS, la Columna
La gobernadora María Eugenia Campos Galván no solo no se arrugó ante la marcha que Morena realizará este sábado para exigir su comparecencia: prácticamente la invitó a subir el volumen. “Adelante”, dijo con la tranquilidad de quien asegura no tener nada que esconder.
En un mensaje claro y calculado, ante los cuestionamientos de los reporteros que la abordaron a su llegada a Palacio de Gobierno, Maru Campos se presentó como defensora de la libertad de expresión, reiteró que todas las acciones de su gobierno en el caso El Pinal se han apegado a la legalidad y volvió a colocar el discurso en su terreno favorito: el combate al crimen organizado para proteger a los niños y jóvenes de Chihuahua. Mensaje político efectivo: mientras Morena habla de soberanía, ella habla de narcolaboratorios y familias.
Y no se quedó ahí. La mandataria estatal se mostró “muy agradecida con todos” por el respaldo que ha recibido a nivel nacional, no solo de panistas, sino también de personas de otros colores. Traducción: el ataque de Morena le está generando más solidaridad que desgaste fuera de Chihuahua.
El que no se enoja, es Santiago
Quien llevó el contrapunto con mayor agresividad fue el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña. Con el tono directo que lo caracteriza, De la Peña acusó a Morena de tener “mucha hambre” por Chihuahua, mientras ignora los incendios que arden en entidades bajo su propio control.
“Me encantaría que ese mismo interés y pasión lo trasladaran a Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas”, lanzó. Recordó los problemas de soberanía real que viven miles de mexicanos en regiones dominadas por el crimen organizado y cuestionó el uso político de la bandera de la soberanía nacional cuando, según él, en otras partes del país ni siquiera se puede transitar libremente.
Fue un golpe duro y oportuno: en vez de defenderse solamente, el gobierno estatal pasó a la ofensiva, señalando que Morena quiere hacer circo en Chihuahua mientras su casa está en llamas.
Entre la marcha y las realidades
El panorama es claro: Morena buscará este sábado convertir el caso El Pinal en un juicio político en la calle. El gobierno de Campos, por su parte, ha decidido no replegarse y responder con dos narrativas fuertes: “aquí no hay nada que ocultar” y “nosotros sí estamos enfrentando al narco”.
Mientras tanto, Santiago de la Peña sigue creciendo en visibilidad. Esta semana se le vio cómodo, cercano y didáctico ante los estudiantes de la UACH, recogiendo incluso reconocimientos por las mejoras en el transporte público. Pequeños detalles que, en política, también suman.
La marcha del sábado dirá mucho. No tanto por el número de asistentes —que seguramente será nutrido—, sino por el tono que imponga y la capacidad del gobierno estatal para contrarrestar el relato. Por ahora, Maru y su equipo han elegido no victimizarse, sino pelear la narrativa. Veremos quién logra imponer su versión ante la opinión pública.
El moralista selectivo, Cuauhtémoc Estrada
Qué espectáculo tan edificante nos ofreció ayer el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena en el Congreso local. Con la misma cara seria con la que exige “cambio de estrategia” al gobierno de Maru Campos, se le derrite la indignación cuando le preguntan si esa misma vara debe aplicarse a su propio partido en el poder federal.
El señor Estrada se rasga las vestiduras porque la gobernadora creó una unidad de investigación dependiente del Ejecutivo. “¡Auto-investigación!”, clama con sarcasmo de telenovela. Pero cuando le preguntan si también es grave que el gobierno federal y la FGR “no supieran” nada de agentes extranjeros operando en territorio nacional, de repente se vuelve un académico del derecho internacional: “Un infiltrado no se registra en migración, joven”.
O sea: si Maru no sabía, qué mal. Si sabía, peor. Pero si en Palacio Nacional o en la FGR se hacen pen … pues son protocolos, compañero, hay que entender el contexto. La hipocresía tiene nombre y curul en el Congreso de Chihuahua.
O bien cuando se señala a Rocha Moya, como dijo García Harfuch, «no se detectó ninguna conducta ilícita en el Gobernador con licencia y EU no ha presentado pruebas.»
Y no contento con el doble rasero, el mismo diputado que ve conspiraciones extranjeras en El Pinal salió a recordar que Chihuahua es, bajo la administración de Campos, el estado más violento del país. 129 homicidios en abril. Subimos del sexto o séptimo lugar al vergonzoso primer sitio. Mientras el resto del país baja sus homicidios un 40%, aquí vamos para arriba como globo de Cantolla.
Tiene razón en los números. Lo lamentable es que use las cifras de muertos como munición política barata, pero se le caiga el argumento cuando se trata de exigirle cuentas serias a su propio equipo en el gobierno federal.
No deja pie con bola
Mientras tanto, en medio de este circo, quien no deja pie con bola es el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix. La próxima semana presentará 16 denuncias penales por irregularidades en las cuentas públicas 2024, muchas de ellas por empresas que entregaron documentación falsa en licitaciones.
Y de paso, recordó que el caso del exfuncionario del Ichisal —el que desviaba medicamentos oncológicos— salió precisamente de una auditoría de su oficina. Ya hay vinculación a proceso.
Es decir, mientras unos gritan “¡soberanía!” y otros responden “¡narcolaboratorio!”, la Auditoría sigue encontrando que en Chihuahua algunos de la administración del exgobernador Corral, vieron el erario público como su cajero automático personal.
Al final, el ciudadano común observa este intercambio de golpes con la misma cara de hastío de siempre: unos exigen investigaciones impecables… solo cuando las investiga el contrario. Otros presumen combate al narco mientras el estado se baña en sangre. Y mientras, los de siempre siguen robando con factura y documentos apócrifos.
La FGR llega tarde y con ganas de protagonismo
Qué curioso resulta ver a la Fiscalía General de la República (FGR) aparecer de repente con el pecho inflado y el dedo acusador, denunciando “graves irregularidades” en el operativo de El Pinal, justo cuando el caso ya se había convertido en un dolor de cabeza político para el gobierno de Maru Campos.
Con la solemnidad que los caracteriza, los federales hablan de fallas en la cadena de custodia, ausencia de formalidades y posible invasión de competencias. Todo muy grave, por supuesto. Sin embargo, resulta conveniente recordar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especial de Investigación que encabeza Wendy Chávez, también ha venido informando avances y ha mantenido abierta sus propias diligencias sobre los mismos hechos. No es que en Chihuahua todo haya sido perfecto, ni mucho menos, pero tampoco es justo pintar a la FGE como un cuerpo de improvisados mientras la FGR llega semanas después a reclamar exclusividad y pureza procesal.
Porque si de soberanía y legalidad hablamos, la FGR tiene un historial que invita a la cautela. Esta es la misma institución que ha brillado por su lentitud en casos de alto perfil y que, de pronto, se vuelve hiperactiva cuando el asunto involucra a un gobierno de oposición. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero huele a oportunismo político más que a vocación de justicia.
La FGR advierte que investigará “hasta las últimas consecuencias” por posibles delitos de seguridad nacional. Suena fuerte. Sin embargo, también cabría preguntar dónde estuvo esa misma energía cuando se han documentado operativos federales con irregularidades mucho más escandalosas y que, curiosamente, terminan en nada. La selectividad de la indignación federal es, como siempre, digna de estudio.
Nadie defiende desprolijidades en un operativo tan delicado. La ausencia de una cadena de custodia impecable es un error que debe corregirse. Pero convertir este asunto en un circo de competencias entre federales y estatales solo distrae del fondo: hay un narcolaboratorio desmantelado y, al parecer, gente que operó sin los protocolos debidos.
En vez de llegar a regañadientes a marcar territorio, la FGR haría mejor en colaborar de verdad en lugar de usar el caso como ariete político. Mientras tanto, en Chihuahua la Unidad de Wendy Chávez sigue trabajando, aunque con menos reflectores y más discreción.
Al final, el ciudadano de a pie termina preguntándose lo mismo de siempre: ¿a quién le interesa más esclarecer la verdad y a quién le interesa más golpear al contrario? Por ahora, la FGR parece más interesada en lo segundo.